Riesgos en Internet

Los peligros de la Red para los menores de edad


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Colombia endurece la ley contra los riesgos de Internet

Colombia aumentará de 12 a 20 años la pena de de cárcel para quien fotografíe, grabe, produzca, divulgue, compre, venda, transmita o exhiba pornografía infantil para su uso personal o intercambio.

La nueva ley que acaba de aprobar el Congreso obliga a los prestadores del servicio de internet a establecer mecanismos de bloqueo de páginas pornográficas para menores de edad.

Las cifras sobre prostitución y abuso sexual infantil en Colombia no son confiables y están subregistradas por tratarse de una actividad ilegal, pero se estima que al 2002 existían 35.000 niños y niñas explotados sexualmente en este país de 44 millones de habitantes.

Fuente: lta.reuters.com


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Los riesgos para los menores del acceso a Internet en los cíbers

Cada vez son más los padres que ponen los medios necesarios para controlar los contenidos a los que pueden acceder sus hijos a través de Internet, esfuerzo que a veces cae en saco roto ya que los menores más curiosos tienen la posibilidad de saltarse estas barreras con una simple visita a un cibercafé.

De poco sirven a veces los programas de control que las familias instalan en los ordenadores domésticos, o que éstos se ubiquen en lugares comunes de la casa para facilitar la supervisión por parte de los adultos (algo que ocurre en el 61,3% de los hogares, según un informe del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación/INTECO).

“Vale con que el menor se baje a un cibercafé o vaya con sus amigos y un portátil a un bar con wi-fi para que pueda entrar en las páginas que quiera”, advierte a Efe el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez.

Miguel Pérez explica que no hay una legislación específica de menores en cuanto a cibercafés, y reconoce la dificultad con la que se encuentra la administración para determinar “qué es un cibercafé: una tienda, un bar…”, lo que ha llevado, explica, a que cada comunidad autónoma los haya regulado de forma diferente, en algún caso dentro de tipos comerciales ya definidos.

“No se está regulado las redes sociales online o el hecho de que un menor abra una cuenta de correo electrónico, algo para lo que debería tener autorización paterna”, afirma Pérez.

El “ciberbullyng” es otro fenómeno que tiene en los cibercafés un aliado, ya que pueden ser utilizados para esta práctica y aunque los ordenadores van dejando “rastro” en los servidores, los acosadores mantienen el anonimato porque no se les exige el DNI al entrar en estos establecimientos, como se hace al inscribirse en un hotel.

García indica que las mayores amenazas, con las que se enfrenta un niño en la red son la posible adicción a los juegos, redes sociales o mensajería instantánea; el ciberbullying, la exposición a contenidos inapropiados, pero también el poder cometer acciones ilegales: descargas o el ‘crackeo’ (modificación) de páginas de web.

Fuente: EFE vía Informativos Telecinco


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El riesgo de la pornografía infantil en Internet y sus consecuencias penales

En los siguientes párrafos, el abogado Carlos Sánchez Almeida repasa las consecuencias penales a las que puede enfrentarse cualquier navegante de Internet que acceda a material de pornografía infantil en la red, aunque sea por accidente, sobre todo en redes p2p.

“La Ley Orgánica 15/2003, que fija el texto del artículo 189, apartados 1 y 2, actualmente en vigor establece:

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:

a.
El que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como prifvados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades.

b.
El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.

2.
El que para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años.

En los siguientes apartados del artículo 189 se establecen penas de hasta ocho años de prisión por conductas agravadas, en función de la edad de las víctimas, carácter vejatorio o violento de los abusos, pertenencia a organizaciones delictivas, parentesco, etcétera. Cabe destacar asimismo la especial prevención del apartado 7, donde se tipifica como delito la utilización de la voz o la imagen de los menores en la elaboración de pornografía, aún sin utilizar directamente al propio menor.
El peligro de compartir archivos desconocidos en redes P2P

Al tipificarse como delito la simple tenencia de material pornográfico en el que intervengan menores, se ha disparado el número de intervenciones policiales, no siendo extraño encontrar noticias sobre redadas masivas de internautas que comparten pornografía infantil mediante redes P2P. La Guardia Civil dispone de un programa de búsqueda de imágenes de contenido pedófilo que circulan por la red, mediante el cual se han podido fundamentar numerosas pesquisas.

De la lectura de las diferentes (PDF) sentencias(PDF) judiciales sobre la materia, se desprende una necesaria reflexión sobre los peligros de un uso indiscriminado de las herramientas P2P. Los internautas deben extremar las cautelas sobre el material que comparten, asegurándose de que en ningún caso puedan estar favoreciendo el tráfico de imágenes o vídeos ilegales.

Exceso de rigor penal

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de enero de 2009, estimó parcialmente el recurso de casación de un internauta que había sido condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia de Barcelona, por compartir seis imágenes de pornografía infantil. El Tribunal Supremo rebajó la sentencia a multa, por entender que la actual redacción del Código Penal “no puede llevarnos a una interpretación tan abierta que sancione penalmente con penas de prisión que arrancan en cuatro años y se prolongan hasta los ocho años, conductas de internautas que lo único que hacen es navegar por la red, y todo lo más guardar tales imágenes en el sistema (‘incoming’) que se crea automáticamente por diferentes programas informáticos al uso.”

Obsérvese el rigor de la vigente ley penal: la policía judicial, según la sentencia, ponía el tope “accidental” que un internauta se puede descargar por error en cinco imágenes. En el caso comentado, seis imágenes bastaron para que la Audiencia de Barcelona condenase a cuatro años de prisión. Es razón más que suficiente para extremar las precauciones sobre los ficheros que descargamos de Internet, que las redes de pederastas pueden camuflar bajo nombres aparentemente inofensivos.

Si a pesar de adoptar precauciones, apareciese en nuestra carpeta de ficheros compartidos un vídeo manifiestamente ilegal, debe ponerse dicho extremo en conocimiento de la autoridad policial a la mayor brevedad posible.

Así es como venimos al mundo, y como nos vamos de él: solos y desnudos. Si buscamos “bebé” en Internet, aparecen millones de imágenes de niños desnudos, con absoluta naturalidad. Ello es así porque la publicación de imágenes de bebés, despojadas de toda connotación sexual, no es materia de Derecho penal.

El artículo 4.3. de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor dispone que “se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales.”

A la luz de la indicada disposición legal, resulta evidente que antes de publicar las imágenes de un menor desnudo en Flickr, Tuenti, Facebook, o cualquier otro sitio de Internet, debe calibrarse bien, y de forma absolutamente objetiva, si dicha publicación puede resultarle perjudicial. Y si los padres no son objetivos, téngase en cuenta que la Instrucción 2/2006 de la Fiscalía General del Estado, establece que el Ministerio Fiscal, ponderando las circunstancias concurrentes, deberá intervenir siempre que los intereses del menor puedan resultar perjudicados.

En lo que se refiere a las fotos de uno mismo, llegada la mayoría de edad se puede disponer libremente, siempre que no ofendan la ley o la estética. Aunque en lo que se refiere a fotos de desnudos, toda precaución es poca, y más en estos tiempos de exhibicionismo impúdico: una vez colgada una imagen en Internet, perdemos el control sobre la misma, especialmente en las redes sociales multitudinarias”.

Fuente: elmundo.es


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“Los menores no son conscientes de los riesgos en Internet”

Antonio Barquero es inspector de la sección técnica de la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía, con sede en Madrid. Ayer, compartió mesa con otros ponentes de Inteco, Ctic y PantallasAmigas, en una charla sobre Seguridad y nuevas tecnologías que organizó la Fundación Dédalo de Tudela en la UNED con motivo de su III Semana de Seguridad Informática. El acto congregó a cerca de 50 personas.

¿Se puede decir que Internet es seguro?

En general, si se toman las medidas adecuadas, es un medio seguro. Lo que pasa es que hay que perder el miedo y el desconocimiento, y hay suficientes herramientas para que todo vaya bien.

¿Cuáles son esas herramientas y los riesgos si no se usan?

Hay muchas, pero sobre todo, es el conocimiento de lo que hay en el mercado -hay suficientes antivirus-; tener, sobre todo, el software actualizado; y desconfiar un poco de aquellos correos por donde vienen muchas de las vulnerabilidades. En cuanto a riesgos, hoy en día hay bastante badware -llamaremos así a todo el software maligno- que están más bien dirigidos a recoger información de nuestro ordenador para utilizarla después. O sea, que esa información se vende. Tenemos que estar concienciados de no recoger nada que desconozcamos o coger de una fuente que sea amiga.

Hay colectivos más vulnerables a esos riesgos…

No pienso que haya una ruptura general grande de padres a hijos. Los padres son más conocedores de los peligros aunque no lo sean tanto de esas herramientas; y los menores, más conocedores del sistema, que se lo saben todo dirigido a zonas de juegos y de ocio, pero no tanto del peligro por el hecho de ser menores. Entonces, es un poquito más cuestión de hablar.

¿Y cuáles son esos peligros?

Por ejemplo, el uso del chat. El hecho de entablar una conversación o una amistad a través de un portal de mensajería instantánea o de chat ellos lo ven algo natural. El peligro empieza en dar datos personales, en enviar una foto o un vídeo. El grooming consiste en que un niño se pone delante de una cámara webcam y al otro lado hay una persona más experta, mayor, que miente para favorecer esa amistad y lo lleva a su terreno. En definitiva, está siendo engañado para chantajearle en un momento posterior con esa foto, ese vídeo, esos datos personales, para que los pederastas hagan lo que quieran. Eso está a la orden del día.

¿Y la legislación actual?

Actualmente, en general, no hay una legislación específica para las nuevas tecnologías. Se aplica el código penal vigente y no hay unos delitos específicos para los que se cometen en las redes. Se debería legislar en ese sentido en algunos supuestos muy concretos. Por ejemplo, el robo de identidad o de las contraseñas de acceso de una cuenta de correo es algo frecuente, que luego se trata como una revelación de secretos. Se podría crear esa figura, el robo de identidad, que no existe tal cual.

Supongo que los delitos más preocupantes en Internet son los que afectan a menores.

Siguen siendo, por supuesto. Es un daño grave y, además muy extendido. Por más que se va contra ellos, que son multitud de operaciones y detenidos, aún así nos encontramos que hay mucho trabajo todavía por hacer.

Fuente: diariodenavarra.es


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La Rioja elabora un decreto contra la indisciplina escolar

La Rioja es la segunda comunidad, tras el País Vasco, en elaborar un decreto que regulará la convivencia en las aulas “protegiendo a profesores, alumnos y padres de situaciones indeseables”. “Es necesario recuperar la disciplina en las aulas y la responsabilidad individual y colectiva”, en palabras del consejero de Educación, Luis Alegre.

El decreto, que entrará en vigor con su inminente publicación en el BOR, permite obligar a los alumnos que alteren la convivencia a cambiar de centro e incluso contempla la expulsión definitiva en enseñanzas no obligatorias.

La normativa establece los deberes y derechos de la comunidad educativa y en su título 1 reconoce al profesor como «autoridad pública».En la práctica, este reconocimiento supondría que las agresiones, que habitualmente se saldan con una falta de lesiones y una pequeña multa, conllevaran incluso penas de prisión.

Cada centro educativo tendrá obligación de aprobar un Plan y una Comisión de Convivencia. Entre los derechos y deberes de cada parte de la comunidad educativa, destaca el hecho de que se reconoce a las familias como primeros responsables de la educación: deberán velar por la asistencia, la puntualidad, la higiene, la alimentación y la conservación del material escolar por parte de sus hijos.

Asimismo, se considerarán atenuantes y agravantes para calificar las conductas. En este sentido, entre las agravantes está la publicidad de las infracciones por cualquier medio (grabaciones y difusión vía móvil, Internet, etc.) y destaca también que los alumnos, o sus familias, se harán cargo económico de los daños intencionados o negligentes.

Dos tipos de conductas

El decreto tipifica las conductas que afectan a las normas de convivencia de «contrarias» o «gravemente perjudiciales», con medidas correctivas y sanciones específicas. Entre las primeras, se encuentran las faltas de asistencia, actos menores de indisciplina, interferir la actividad (con aparatos tecnológicos, por ejemplo)…, que se saldarán con amonestaciones directas como la privación del recreo hasta dos semanas, tareas en horario no lectivo o la suspensión de las clases hasta un máximo de diez días.

Las conductas «gravemente perjudiciales» serán actos graves de indisciplina, insultos, vejaciones, humillaciones, falsificación de documentos, deterioro repetido o grave de instalaciones e implicarán sanciones como actividades fuera del horario lectivo, cambios de grupo hasta por dos semanas, suspensión de clases entre 10 y 20 días, el comentado cambio de centro educativo, la pérdida de la evaluación continua y, en enseñanzas no obligatorias, la expulsión definitiva.

Otro aspecto importante son los expedientes sancionadores. La normativa determina una serie de circunstancias para su paralización, que se deberán cumplir en su totalidad: el beneplácito de la familia agraviada, cambio de conducta, compromiso del alumno a no repetir los hechos y un compromiso por escrito también de la familia en el mismo sentido.

Fuente: larioja.com